legalización de la mariguana avanza poco a poco en América Latina. Uruguay, en manos del régimen izquierdista de Felipe Mujica, fue el primero en poner sobre la mesa el debate de la despenalización de la venta del cannabis, en 2012. El año pasado México siguió los pasos de esta nación al incluir en la agenda política la no prohibición del consumo de la planta con fines principalmente medicinales, pero que no descartan el uso recreativo.

Pero en los países del eje bolivariano —Cuba, Bolivia, Ecuador, Venezuela— se niegan a ver los beneficios de este tipo de iniciativas para sus ciudadanos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la posesión es catalogada como ilícita. A pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro prometió revisar la legalización del cannabis en 2013, esta discusión no se realizó.

El artículo 153 de la Ley Orgánica de Drogas venezolana, promulgada por el fallecido presidente Hugo Chávez, establece una pena en prisión de uno a dos años a quien “ilícitamente posea estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus mezclas, sales o especialidades farmacéuticas o sustancias químicas”. Para la mariguana, el país chavista permite hasta 20 gramos de posesión.

En 2015 el gobierno de Cuba descartó por completo la posibilidad de legalizar el consumo de mariguana. “Es una droga dura que se incluye junto al alcohol y otras, entre las primeras sustancias psicoactivas capaces de transformar notablemente el comportamiento humano”, dijo Ricardo González, presidente de la Comisión Nacional de Ética Médica al diario Granma, en junio del año pasado.

El especialista argumentó que “quienes proponen la legalización, no pueden, por su perfil profesional, valorar la repercusión en el hogar, laboral y comunitaria de los efectos cerebrales de esta droga, al bloquear el cerebro racional y liberar las estructuras y funciones más primitivas”.

El régimen castrista juzga la simple tenencia de drogas “sin la debida autorización o prescripción facultativa”, con penas que van desde seis meses hasta ocho años, según el artículo 191 del código penal cubano. Además establece multas de hasta 500 cuotas, de 20 pesos cada una.

Ecuador, otro de los países que representan la izquierda en América Latina, permite la posesión de 10 gramos. La tenencia y la posesión de drogas por encima de la dosis máxima de consumo personal, con conocimiento expreso y sin autorización legal o despacho de receta médica previa, tienen una pena de uno a tres años.

La situación bajo el régimen de Evo Morales, en Bolivia, no es distinta. A finales de 2014, miembros de la Defensa Social y Sustancias Controladas quisieron debatir la controversia para la legalización de la mariguana en el país, pero la administración de Morales que promueve el cultivo de coca se opuso a revisar los beneficios del uso medicinal de la planta.

“Bolivia tiene una política de lucha contra el narcotráfico, no somos partidarios como gobierno boliviano de la legalización de las drogas, porque en este momento existe un modelo que se está aplicando y está dando resultados positivos”, informó en 2013 la entonces ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila. La vigente Ley 1008, que rige desde el 19 de julio de 1988, tipifica 28 tipos delitos y las sanciona con prisión y multas pecuniarias para el consumo de drogas.

Mientras la izquierda latinoamericana bloquea los intentos de instituciones privadas y públicas por brindar acceso a cannabis a personas con algunas dolencias, Colombia y Argentina avanzan para crear un marco legal que permita la regulación de esta sustancia.

A partir de los casos de niños con epilepsia refractaria que en Argentina se multiplicaron en el último año, se abrió una puerta de urgencia en una agencia del Estado para asistir a los pacientes, pero en la completa ilegalidad, por lo que muchos deciden cultivar en su casa. Por su parte, en Colombia rige un decreto del presidente Juan Manuel Santos que en mayo fue respaldado por el Congreso

.http://razon.com.mx/spip.php?article319772

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